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Fiscal
Título Sanciones. Faltas. Notificaciones. Infracciones administrativas (STSJ Madrid, 21-01-2005)
  La cuestión debatida se centra en determinar si fue notificado o no el acuerdo sancionador origen de la providencia de apremio. La Sala no otorgar validez a la notificación por edictos por no venir precedida del cumplimiento de los requisitos que permiten acudir a tal medio de comunicación de actos administrativos. La falta de notificación del acuerdo sancionador impide que éste tenga el carácter de firme y consentido. El cómputo del plazo de seis meses debe efectuarse desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación hasta la fecha de notificación de la resolución que pone término a dicho procedimiento. Habiendo transcurso el plazo de seis meses entre la apertura del expediente sancionador y la fecha en que tuvo conocimiento del acuerdo la recurrente, se ha producido la caducidad del aludido expediente.
 

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley de esta Jurisdicción, se emplazó a la parte actora para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dicte sentencia por la que se anule la resolución recurrida, así como la providencia de apremio y el acuerdo sancionador, declarando la caducidad del procedimiento sancionador.


SEGUNDO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dicte sentencia que desestime el recurso.


TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba quedaron conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 18 de enero de 2005, en cuya fecha ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto determinar si se ajusta o no a Derecho la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28 de marzo de 2001, que desestimó la reclamación deducida por la entidad demandante contra providencia de apremio derivada de acuerdo sancionador relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones e ingresos a cuenta, tercer trimestre del ejercicio 1993, por importe de 590.503 pesetas, incluido el recargo de apremio.
La actora aduce que no le fue notificado el acuerdo sancionador, el cual fue conocido al recibir la providencia de apremio en 1999, por lo que solicita la anulación de ambos actos al concurrir la caducidad del expediente sancionador ya que el inicio del procedimiento se notificó el día 14 de noviembre de 1997 y la resolución final se conoció una vez transcurrido el plazo de seis meses.
El Abogado del Estado, por su parte, se opone a la pretensión actora alegando que el acuerdo sancionador se intentó notificar en el domicilio de la recurrente, siendo notificado por edictos el 21 de diciembre de 1998 de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, por lo que considera que debe rechazarse la impugnación planteada contra el apremio y sin que haya lugar a examinar la caducidad del procedimiento sancionador por ser firme la resolución que puso término al mismo.


SEGUNDO.- La cuestión debatida se centra, pues, en determinar si fue notificado o no el acuerdo sancionador origen de la providencia de apremio, ya que mientras la sociedad recurrente niega dicha notificación, la Administración demandada alega que se llevó a cabo por edictos.
Pues bien, la Sala no puede otorgar validez a tal notificación por no venir precedida del cumplimiento de los requisitos que permiten acudir a tal medio de comunicación de actos administrativos. En efecto, aunque en la contestación a la demanda se expresa que la notificación del acuerdo sancionador se intentó realizar en el domicilio de la actora, lo cierto es que no aparece debidamente justificado ese intento de notificación al figurar en el expediente administrativo de gestión única y exclusivamente un volcado informático del siguiente tenor literal: "Visitado agentes gestión junio 98. en cl Serrano 205. Los empleados no lo quieren firmar. Por lo que se deja aviso que no atienden y se devuelve la notificación a la Sección correspondiente" (folio siete), documento que carece de eficacia a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/92 por carecer de firma que lo autorice y por no constar en él la fecha del supuesto intento de notificación ni los datos de identificación de los agentes tributarios que lo realizaron. Debe destacarse, además, que en el aludido expediente tampoco está acreditada la publicación del edicto de notificación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En consecuencia, al concurrir el motivo de oposición a la vía de apremio previsto en los artículos 138.1.d) de la Ley General Tributaria y 99.1.b) del Reglamento General de Recaudación, procede anular la resolución impugnada y la providencia de apremio a la que se refiere.


TERCERO.- La falta de notificación del acuerdo sancionador impide que éste tenga el carácter de firme y consentido, de manera que debe analizarse la legalidad de dicho acto y, en concreto, la invocada caducidad del procedimiento.
Pues bien, aunque el comienzo del expediente que nos ocupa es anterior a la promulgación de la Ley 1/98, ya ha declarado esta Sección que es de aplicación a los procedimientos sancionadores incoados antes de la entrada en vigor de dicho texto legal la caducidad regulada en la Ley 30/92, toda vez que el Real Decreto 803/93 modificó determinados procedimientos tributarios sujetando su tramitación a los plazos de resolución y a los efectos previstos en la citada Ley 30/92 para los supuestos de inactividad de la Administración, estableciendo el Anexo 2.3 del aludido Real Decreto que debían ser resueltos en el plazo máximo de seis meses los procedimientos para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones tributarias, salvo los regulados en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, excepción que no opera en este caso. Y también ha declarado esta Sección que el cómputo del indicado plazo de seis meses debe efectuarse desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador hasta la fecha de notificación de la resolución que pone término a dicho procedimiento (sentencia de 22 de noviembre de 2004).
Así, la apertura del expediente sancionador que nos ocupa fue notificada a la sociedad recurrente el 14 de noviembre de 1997, pero el acuerdo sancionador dictado en fecha 13 de marzo de 1998 no fue válidamente notificado, como ya se ha dicho, habiendo tenido conocimiento del mismo la recurrente al recibir la providencia de apremio en 1999, por lo que se produjo la caducidad del aludido expediente por el transcurso del mencionado plazo de seis meses, plazo que también habría transcurrido aunque se admitiese la fecha de notificación invocada por la Administración (21 de diciembre de 1998), e incluso si se tomase en consideración el supuesto intento de notificación de junio de 1998, de modo que procede anular el acuerdo sancionador impugnado.


CUARTO.- En atención a las razones expuestas procede estimar en su integridad el presente recurso, no apreciándose motivos para hacer imposición de costas a la vista del artículo 131 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S
Estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad CREACIONES Y CONFECCIONES, S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28 de marzo de 2001, que desestimó la reclamación deducida contra providencia de apremio derivada de acuerdo sancionador relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones e ingresos a cuenta, tercer trimestre del ejercicio 1993, debemos anular y anulamos la mencionada resolución así como la providencia de apremio y el acuerdo sancionador de los que trae causa, declarando caducado el procedimiento sancionador; sin costas.
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma no cabe recurso.

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