Las claves de la reforma del plan de incentivos a la contratación laboral

Tras la reforma laboral, tan aclamada por unos y criticada por otros, que marcó el año 2022, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023. No obstante, esa vacatio legis no opera para todo su contenido, habiéndose regulado que algunas materias entren en vigor antes del 1 de septiembre de 2023.

Apoyándose en la normativa europea, así como en preceptos constitucionales, el preámbulo de la ley rema claramente en el mismo sentido que lo hacía la reforma laboral principal, la contratación de larga duración a tiempo completo y el empleo estable en España. Los nuevos incentivos a la contratación van en dicha dirección y la intención es enfocarlos a los sectores donde la problemática de la empleabilidad es mayor.

Los beneficiarios y los destinatarios

Los beneficiarios de los diferentes incentivos se regulan en el artículo 7 y siguientes del Real Decreto. Estos serán todos los empleadores a excepción de, evidentemente, las Administraciones públicas.

Los requisitos para ser beneficiarios de las bonificaciones a la cotización no varían demasiado respecto a anteriores bonificaciones aprobadas. En primer lugar, se debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y legales en general, destacando la exigencia de contar con el correspondiente plan de igualdad inscrito en el registro público exigido.

Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto Ley establece la obligación de mantenimiento en el empleo. Mediante esta, los beneficiarios de las bonificaciones a la contratación laboral indefinida deberán mantener a la persona destinataria de las medidas en situación de alta o asimilada y cumpliendo la obligación de cotización al menos durante 3 años desde el comienzo de la bonificación.

Sin embargo, no se consideran como excepciones a esta norma los despidos objetivos y los disciplinarios no considerados como improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de las personas trabajadoras, o por resolución del período de prueba. No se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo causadas por jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del empresario, por expiración del tiempo convenido en caso de contratos formativos o de duración determinada bonificados en esta norma, o por fin del llamamiento de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, así como, en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas. También quedarán excluidas las extinciones de contratos a personas trabajadoras con discapacidad de centros especiales de empleo que pasen de prestar sus servicios en centros especiales de empleo a la empresa ordinaria.

Por otra parte, los destinatarios se regulan en los artículos 4 y siguientes. Se diferencia entre los destinatarios de las distintas medidas, contratación laboral incentivada, de otros programas o medidas de impulso y mantenimiento del empleo y de las medidas de fomento del empleo.

Son destinatarios de la contratación laboral incentivada las personas de atención prioritaria que figuren registradas en los servicios públicos de empleo como demandantes de servicios de empleo en situación laboral de desempleadas. Cumple advertir que las mujeres víctimas de violencia de género no se les exige este requisito de inscripción.

También son destinatarios, las personas trabajadoras que ven transformado sus contratos en contratos indefinidos en los supuestos anteriormente descritos y por último, las personas que ven mejorada su contratación por conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo. Estas mismas personas pueden ser destinatarias de los otros programas o medidas de impuso y mantenimiento del empleo cuando se financien mediante bonificaciones en la cotización y en los señalados por la Administraciones Pública cuando se financien mediante ciertas subvenciones públicas.

Con respecto a las personas destinatarias de las medidas de fomento del empleo la lista es más exhaustiva, larga y detallada. Los destinatarios son las personas de atención prioritaria, las personas con discapacidad, las personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, las personas en riesgo o situación de exclusión social, las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres víctimas de trata de seres humanos, de explotación sexual o laboral y mujeres en contextos de prostitución, las mujeres víctimas de violencias sexuales y las víctimas del terrorismo.

Exclusiones

Los incentivos a la contratación no se aplicarán en determinados supuestos, como las contrataciones realizadas con empleados que en los doce meses anteriores hubiesen prestado servicios en la misma empresa en relación laboral indefinida- o en los últimos seis mediante un contrato de duración determinada o un contrato formativo- o trabajadores que hayan causado baja con un contrato de trabajo indefinido para otro empleador en un plazo de tres meses previos -salvo cuando despido improcedente o colectivo-.

Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social

Las bonificaciones se aplicarán respecto a los importes de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y por contingencias profesionales, así como a la cotización por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, teniendo como límite, en cualquier caso, el 100 por cien del importe de dichas aportaciones.

Con respecto a las cuantías, estas varían dependiendo del tipo de cotización, de la forma siguiente: