El Consejo de Ministros ha tomado razón de 19 acuerdos de contrataciones de emergencia llevadas a cabo para reforzar las necesidades de adquisición de material sanitario por parte de las comunidades autónomas para el abordaje de la COVID-19.

También se recogen los contratos de desarrollo de sistemas de información, apoyo técnico a la gestión de la pandemia, así como el servicio telefónico de atención psicológica a las personas afectadas. Los contratos ascienden en total a 341.944.297 euros.

En concreto, se han adquirido 47 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, por un importe de 869.826 euros, otros 10 dispositivos de ventilación mecánica por 468.300 euros y 200 de estos dispositivos más, que han costado 9.922.000 euros.

Además, se han comprado 100.000.000 de mascarillas quirúrgicas, 3.500.000 mascarillas de protección respiratoria y 100.000.000 guantes de nitrilo, por un importe de 67.711.766 euros. Otra de las compras corresponde a otros 56,2 millones de mascarillas respiratorias, modelo FFP2, que han costado 196.580.196 euros. Además, se ha tomado razón de la compra de 60.000.000 de mascarillas quirúrgicas tipo IIR, por 10.890.000 euros y otros 2,5 millones de mascarillas modelo FFP3, por 15.344.510 euros. El Gobierno también ha tomado razón de la adquisición de medios de transportes y tomas de muestras para 80.000 test y de reactivos para 50.000 test, por un importe de 664.838 euros.

Otro de los contratos se refiere a la compra extraordinaria de vacunas frente a la gripe para la campaña 2020-2021, que han costado 36.275.200 euros, y con la que el Ministerio de Sanidad pretende reforzar la campaña de vacunación de este virus el próximo otoño.

Asistencia técnica

Por otra parte, se han contratado servicios de consultoría de definición y logística para la puesta en marcha del piloto de detección vía test rápidos en pacientes sintomáticos (43.350 euros), asistencia técnica para la plataforma de teletrabajo (8.000 euros), desarrollo e implantación de los sistemas de información centrales (132.132 euros), elementos de infraestructura tecnológica (57.298 euros).

También se ha informado de la contratación de los servicios de definición, implantación y operación de un cuadro de mando (454.016 euros), así como el servicio de soporte al mismo (454.016 euros). Se incluyen así mismo dos contratos de asistencia técnica para reforzar los equipos de gestión (292.338 euros). Del mismo modo, se incluye la contratación del teléfono de atención psicológica a personas afectadas por la pandemia (199.270 euros)

Finalmente, el Gobierno ha tomado razón de la inversión ocasionada por la modificación y desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, para la gestión sanitaria de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por parte del Instituto Nacional de Gestión sanitaria (INGESA).

El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, señala que «a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia».

La financiación de estos contratos de suministro ha corrido a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros concedido al Ministerio de Sanidad con cargo al Fondo de Contingencia.

Los acuerdos presentados al Gobierno se han llevado a cabo para proteger la salud pública y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

La expansión del COVID-19, que desembocó en la declaración del Estado de Alarma, obligó al Estado a adoptar medidas excepcionales. El incremento de la demanda de material de protección a nivel mundial desbordó la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Para garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hizo necesaria la formalización inmediata de contratos con las empresas comercializadoras.

De esta manera se han podido abordar las necesidades más urgentes y prioritarias de protección de los profesionales sanitarios que trabajan con los pacientes, de otros profesionales que están en contacto con los mismos y de los pacientes. Además, se ha podido disponer de kits de diagnóstico para detectar la infección de forma fiable.