Estructura de las medidas en relación con el arrendamiento de viviendas durante la crisis sanitaria a partir de 2 de abril de 2020

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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional

Finalizado el estado de alarma y sus prórrogas, cuando se levante la suspensión de todos los términos y plazos procesales, en la tramitación del procedimiento de desahucio regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.

Para la comprensión de esta medida se habrá de tener en cuenta:

• Artículos 1, 5 y 6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
• Artículo 150.4 y 440 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Condiciones para el arrendatario

• La persona arrendataria tendrá que acreditar al Juzgado su situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida consecuencia del COVID -19.
• Debido a esa situación sobrevenida deberá alegar la imposibilidad de una alternativa habitacional para sí mismo y las personas que con él convivan.
• Las circunstancias anteriores, posteriormente, deberán acreditarse y serán comunicadas a los servicios sociales correspondientes por mediación del Letrado de Administración de Justicia, iniciándose entonces suspensión del acto de lanzamiento, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, es decir, el periodo máximo es de seis meses desde el 2 de abril de 2020.

Acreditación de la situación de vulnerabilidad

Para que opere la suspensión, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica que a continuación se detallan:

1. Que la persona arrendataria pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar.
   ATENCIÓN: por unidad familiar se entenderá la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
2. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

Escritos de acreditación

Para acreditar los supuestos de vulnerabilidad económica se deberá acompañar con los siguientes documentos:

1. En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
2. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
3. Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
   • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
   • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
   • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
4. Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
5. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Los documentos señalados entre las letras a) a d), podrán ser sustituidos mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas el arrendatario dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Procedimiento de suspensión

Si el Letrado de la Administración de Justicia entiende que concurre la situación de vulnerabilidad económica alegada, decretará la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe de los servicios sociales.

El decreto que fije la suspensión señalará expresamente que, transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 o señalará fecha para la vista.

En concreto el artículo 440.3 LEC establece:

“En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Letrado de la Administración de Justicia, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación (…)”

Supuestos en los que no concurre la vulnerabilidad económica

No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el caso de que la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Excepciones al caso y por tanto sí se entiende que existe vulnerabilidad económica:

1. cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.
2. quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Condiciones para el arrendador:

Si los arrendadores de vivienda se vieran afectados por el establecimiento de la suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento, podrán acreditar ante el Juzgado correspondiente que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19.

Para ello, habrán de presentar el escrito y los documentos en los mismos términos y con las mismas características que anteriormente se ha hecho referencia para los arrendatarios, contempladas en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Para la consideración de la solicitud, se seguirá igualmente el mismo procedimiento: el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

Efectos de la presentación solicitud de suspensión

Dispone el artículo 150.4 LEC que

“cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados”

En virtud del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el consentimiento de la persona arrendataria se entenderá que concurre por la mera presentación de la solicitud de suspensión.

En el caso de los arrendadores, se entenderá que concurre el consentimiento del arrendador para hacer la comunicación por la mera presentación del escrito alegando la situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.

ATENCIÓN: en virtud de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se establece el Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables cuyo objeto es facilitar una solución habitacional inmediata. Esta orden está vigente desde el 11 de abril de 2020.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

Se permite mediante esta medida la posibilidad de que el arrendatario continúe con su contrato de arrendamiento de vivienda como consecuencia de la crisis sanitaria. Esos contratos de arrendamiento de vivienda habitual son los sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Supuestos en los que cabe la prórroga extraordinaria:

1. Con respecto a aquellos contratos que desde el día 2 de abril de 2020 hasta el día en que hayan trascurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, devenga el supuesto de finalización del periodo de prórroga obligatoria establecida en el artículo 9.1 LAU.
   Se señala que el artículo 9.1 LAU establece lo que sigue:

   “La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

   El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición”

2. Con respecto a aquellos contratos que desde el día 2 de abril de 2020 hasta el día en que hayan trascurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, devenga el supuesto de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1 LAU.
   En este caso se señala en el artículo 10.1 LAU:

   “Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato”.

En ambos supuestos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá presentarla el arrendatario al arrendador y tendrá que ser aceptada por este último, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

Moratoria de deuda arrendaticia.

Estas medidas se recogen entre los artículos 3 a 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Haremos una síntesis de sus aspectos más significativos:

Concepto

Por moratoria de deuda arrendaticia hay que entender el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda

Para que tenga lugar esta aplicación automática, el arrendatario ha de reunir las condiciones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, mediante el cual se define la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre y reúna las exigencias de situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar del arrendador la moratoria de la deuda arrendaticia.

Tendrá que concurrir alguna de estas condiciones para que tenga lugar la moratoria en relación a la figura del arrendador:

1. El arrendador sea una empresa
2. El arrendador sea una entidad pública de vivienda
3. o, el arrendador sea una persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 (concepto de gran tenedor).

El plazo de solicitud de la moratoria al arrendador será de un mes que empezó a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Por tanto, se podrá solicitar en el plazo de un mes desde el 2 abril de 2020.

Lo dispuesto para la solicitud de la aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia resultará de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

ATENCIÓN: La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas anteriormente, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este RDL 11/2020 de 31 de marzo, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario. Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo siguiente.

Desacuerdo entre arrendador y arrendatario

Si no se llega a un acuerdo entre las partes intervinientes del contrato de arredramiento, el arrendador devendrá obligado a elegir y a comunicar su decisión al arrendatario, en el plazo de máximo de 7 días laborales, una de las siguientes alternativas:

1. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Levantamiento de la moratoria

El arrendatario que, habiendo reunido los requisitos del artículo 5 del RDL 11/2020, de 31 de marzo, para adquirir la consideración de vulnerabilidad económica y tras haber acreditado las circunstancias subjetivas establecidas en el artículo 6 del mismo real decreto, consiga acceder a la línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, hará que tenga lugar el levantamiento de la moratoria en el pago la renta arrendaticia y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago. (programa de ayudas transitorias).

Programa de ayudas transitorias de financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19

Según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se desarrolla mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de avales con total cobertura del Estado, con el objeto de dar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia del COVID-19.

Estas ayudas se destinan a las entidades bancarias, por un plazo de hasta catorce años, con la finalidad de que las mismas puedan ofrecer financiación transitoria con carácter finalista a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y puedan destinarlas al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y puedan cubrir el importe máximo de seis mensualidades de renta.

Estas ayudas tendrán un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue gastos e intereses para el solicitante.

Si bien, la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en desarrollo del artículo 9 que estamos tratando,  regula la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de estas ayudas transitorias de financiación contraídas por arrendatarios de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.

Igualmente, estas ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que el pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.

Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual

El artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece un programa específico cuyo objeto es la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definen en el propio real decreto.

Este artículo 10 también ha sido desarrollado a través de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables

El artículo 11 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, recoge la decisión de establecer un nuevo programa que sustituya el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

Este nuevo programa tiene por objeto, entre otras, facilitar una solución habitacional inmediata a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual. Estas ayudas consisten en proporcionar hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de la solución habitacional que se encuentre. Incluso, en supuestos especialmente justificados por el órgano concedente, podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de la solución habitacional.

Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler

Mediante el artículo 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se provee la modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler regulado en el Real Decreto 106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Sin dejar de respetar su texto íntegro, se ha incorporado un nuevo supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de incrementar el parque público de viviendas.

Estas modificaciones del programa se encuentran especificadas en el artículo 5 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la moratoria excepcional de la deuda arrendaticia y de las ayudas públicas para vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19

Todo lo anterior debe ponerse en relación con el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, pues aquella persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.

Si bien, el importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este real decreto-ley.