El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reiterado que, con esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, se desarrollan medidas que buscan paliar las dificultades sobrevenidas por efecto de la pandemia en los sectores del transporte y la vivienda.

Ábalos ha asegurado que el Real Decreto-ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, salvaguarda la protección de los hogares en el ámbito del alquiler, protege la salud en el ámbito aéreo y proporciona liquidez a las empresas.

En el ámbito de la vivienda, dichas medidas tienen como objetivo regular el derecho de superficie para la promoción del alquiler asequible o social mediante la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada, para que no sea preceptiva la existencia del canon a abonar a la Administración y, regulando los instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas, de cara a ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social.

Asimismo, con el objeto de optimizar la eficiencia de los recursos estatales, se posibilita a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla a que los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, desde los ejercicios 2018 hasta este año 2020, no materializados en el compromiso financiero inicialmente adquirido o no lleguen a comprometerse, puedan destinarlos a ayudas de otros programas de dicho plan durante la vigencia del mismo, de manera que no tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado.

Ampliación de plazos

Por otra parte, con el fin de homogeneizar la duración de las medidas sociales en materia de vivienda, las últimas medidas se refieren a la ampliación de plazos en situaciones de vulnerabilidad:

Se prórroga hasta el 30 de septiembre la vigencia del bono social eléctrico.
Se extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria.
Con el fin de evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria, se extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria.
Se regula la ampliación de los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, hasta el 30 de septiembre de 2020.
Se amplía hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria o aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública.
Se amplía hasta el 30 de septiembre la garantía de la continuidad del suministro energético y de agua para consumidores domésticos en vivienda habitual.

Medidas en Transportes

En lo que se refiere a los transportes, el Real Decreto-ley convalidado en el Congreso contempla medidas cuyos principales objetivos son: proteger la salud de los trabajadores y viajeros en el ámbito aéreo, proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas administrativas.

En el sector aéreo, entre otras medidas, se hacen obligatorias en España las directrices para la gestión de pasajeros y tripulaciones de vuelo emitidas conjuntamente por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Además, la nueva normativa proporcionará liquidez a las empresas del sector terrestre para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la pandemia, recurriendo a distintos instrumentos financieros, y complementarias con medidas ya adoptadas por el Gobierno para la recuperación del transporte terrestre de servicio público, entre ellas, el fondo de 800 millones de euros para financiar el déficit adicional del transporte público de financiación y titularidad autonómica.

Esfuerzo presupuestario, inversor y financiero

Este Real Decreto-ley supone un importe presupuestario, inversor y financiero muy importante para empresas públicas y privadas, pues sus medidas tendrán un impacto económico para las empresas privadas del sector del transporte y en materia de reducción de tasas portuarias por un valor de 663 millones de euros.

En lo que se refiere a empresas públicas, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones, con el fin de compensar la caída de demanda e impulsar la recuperación de servicios.